El SAT restringió temporalmente el sello digital de mi empresa. ¿Qué hago?
Lo primero es no dejar correr el plazo: desde la restricción tu empresa no puede emitir CFDI, es decir, deja de facturar y de cobrar. Esta restricción temporal es la del artículo 17-H Bis del Código Fiscal y contra ella sí procede el procedimiento de aclaración, con un plazo de 40 días hábiles. Lo que se entrega ahí —evidencia de materialidad, idoneidad del domicilio, capacidad instalada— define si el sello se reactiva o si el asunto pasa a juicio. Si la aclaración vence sin respuesta idónea, el certificado se deja sin efectos conforme al artículo 17-H. Hemos reactivado el sello digital de 20 empresas.
¿Es lo mismo que la suspensión del sello en una visita del artículo 49-Bis?
No, y confundirlas cuesta caro porque la ruta de defensa es distinta. La restricción del 17-H Bis es una facultad de gestión: la autoridad restringe por causales propias y abre la aclaración de 40 días. La suspensión del 49-Bis es consecuencia de una facultad de comprobación: se notifica una orden de visita domiciliaria exprés para verificar que tus CFDI amparen operaciones reales, el sello se suspende desde ese momento y contra esa suspensión no procede la aclaración: la única salida es desvirtuar dentro del propio procedimiento, que dura 24 días hábiles. Lo primero que hacemos al recibir un asunto de sello es identificar en cuál de los dos supuestos estás.
¿Cómo se demuestra la materialidad de una operación ante el SAT?
No basta con la factura y el pago. Se acredita con un expediente que reconstruya la operación completa: contrato con fecha cierta, entregables, evidencia de la ejecución —reportes, correos, bitácoras, fotografías—, la capacidad instalada del proveedor y la razón de negocio que explica por qué la operación tenía sentido económico. Integrar ese expediente antes de la revisión cuesta una fracción de lo que cuesta defenderlo después.
¿Qué es un Acuerdo Conclusivo ante PRODECON y cuándo conviene?
Es un mecanismo previsto en los
artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación que permite cerrar una auditoría mediante un acuerdo con la autoridad revisora, con PRODECON como mediador. Sus ventajas:
condona el 100% de las multas por única ocasión, suspende los plazos de la fiscalización mientras se tramita, y los hechos u omisiones materia del acuerdo son incontrovertibles, no generan precedente entre las partes y las autoridades fiscales no los pueden desconocer. Se puede solicitar desde el inicio de las facultades de comprobación y antes de que venza el plazo de 20 días para contestar los hechos y omisiones asentados en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional. No conviene en todos los casos: hay escenarios en los que acudir debilita la posición. Esa evaluación es parte del diagnóstico.
Ver la página de Acuerdo Conclusivo ante PRODECON.
Mi proveedor apareció en el listado del artículo 69-B. ¿Qué pasa con mis deducciones?
La publicación del proveedor en el listado definitivo genera la presunción de que las operaciones amparadas en sus comprobantes no existieron. Como receptor tienes un plazo para acreditar que la operación sí se realizó, o bien para corregir tu situación fiscal. Si tienes con qué probar la materialidad, se defiende; si no, conviene evaluar la corrección antes de que la autoridad determine el crédito con multas y actualización.
¿Qué tipo de asuntos atiende EUROTAX CONSULTING MX?
Litigio fiscal y defensa ante el SAT, materialidad de operaciones, comercio exterior y aduanas, seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT, gobierno corporativo, contratos con enfoque fiscal y consultoría jurídica y patrimonial. Atendemos principalmente a empresas medianas y a sus accionistas, directores generales y CFO.
¿Atienden empresas fuera de la Ciudad de México?
Sí. La oficina está en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, y se atienden asuntos en toda la República, así como a inversionistas de Sudamérica, Estados Unidos y Europa con operación en México. El seguimiento se hace por escrito y en sesiones remotas cuando la distancia lo requiere.
¿Cómo se determinan los honorarios?
Con tres reglas, y se dicen antes de que el cliente gaste un peso.
Primera: cuota fija por etapa. Se sabe desde el principio cuánto se va a pagar y hasta dónde llega cada etapa; no hay reloj corriendo ni facturas sorpresa. Es la regla para todo lo que es defensa: auditorías, acuerdos conclusivos, recursos y juicios. Las consultas aisladas —una opinión, la revisión de un documento suelto— se cotizan por separado, y también se avisa antes.
Segunda: el honorario se dimensiona contra lo que está en juego —el monto en controversia y la complejidad técnica—, no contra un tabulador. Un asunto de dos millones no cuesta lo mismo que uno de cincuenta, y esa regla juega a favor del cliente tanto como del despacho.
Tercera: el número se entrega por escrito después de ver los documentos, nunca antes. Por eso en la sesión de diagnóstico no se da una cifra: sin conocer el monto de la contingencia y el estado del expediente, cualquier número sería inventado. Lo que sí se da en esa llamada es el criterio con el que se va a determinar y, cuando el tipo de asunto lo permite, un orden de magnitud.
Y si el asunto no justifica contratar a un especialista, se dice en esa misma llamada y no se cobra por decirlo.
Ya tengo contador. ¿Para qué necesito un abogado fiscalista?
Su contador y nosotros hacemos cosas distintas y trabajamos juntos. Él conoce sus números; nosotros construimos la estrategia jurídica, los argumentos y las pruebas que la autoridad y, en su caso, el tribunal van a valorar. Nunca desplazamos al contador: se le reporta y el trabajo contable sigue siendo suyo.
Mi asunto ya está muy avanzado. ¿Todavía sirve de algo?
Casi siempre sí, pero las opciones se reducen con cada plazo que vence. Incluso con una liquidación ya notificada existen medios de defensa: el recurso de revocación, el juicio de nulidad y, en su caso, el amparo indirecto.
Conviene precisar un punto que se confunde con frecuencia: el Acuerdo Conclusivo aplica cuando todavía no se ha emitido una liquidación y se está dentro del plazo de ley para dar respuesta a los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones, en el acta final o en la resolución provisional. Emitida la liquidación, esa vía ya no está disponible y hay que ir por los medios de defensa.
¿Pueden garantizarme que ganamos?
No, y conviene desconfiar de quien lo garantice. Lo que sí se puede dar es una lectura honesta de las probabilidades antes de que el cliente gaste un peso, la estrategia por escrito, y el criterio que deja haber trabajado del otro lado del escritorio: se anticipa qué va a pedir la autoridad y por dónde se sostiene o se cae un argumento. Eso no es una promesa de resultado; es una forma de tomar mejores decisiones con el expediente en la mano.
¿Son abogados fiscalistas para empresas o también atienden personas físicas?
Somos un despacho fiscal corporativo: la práctica está construida para empresas medianas y sus accionistas, directores generales y CFO. Atendemos persona física únicamente cuando se trata de agentes aduanales o de asuntos de alta cuantía vinculados a una operación empresarial. No atendemos devoluciones de impuestos de persona física, trámites de RFC ni materias ajenas a la fiscal, aduanera y de seguridad social. Decirlo por adelantado le ahorra tiempo a todos.
¿Necesito un abogado para tramitar un Acuerdo Conclusivo ante PRODECON?
El procedimiento se puede iniciar sin abogado, pero conviene no hacerlo. Un
abogado en acuerdo conclusivo hace tres cosas que deciden el resultado: evalúa si el asunto conviene llevarlo por esa vía o si acudir debilita la posición, define qué se reconoce y qué no se reconoce en el acuerdo —porque lo acordado es incontrovertible y ya no se puede litigar después—, y negocia el alcance con la autoridad revisora. Además hay que solicitarlo dentro del plazo: emitida la liquidación, esa puerta se cierra.
Cómo llevamos un Acuerdo Conclusivo.
